Recientemente la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció el inicio de la privatización del Canal de Isabel II, empresa responsable del abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid, mediante su transformación en una sociedad anónima, así como la venta a particulares del 49 % de las acciones, con el fin de que esta nueva entidad gestione el ciclo integral del agua de Madrid. Las organizaciones abajo firmantes rechazan completamente la privatización del Canal de Isabel II por las graves consecuencias medioambientales y sociales que ello acarrearía. Los riesgos de una privatización de los bienes públicos nunca han sido tan evidentes como en la situación actual, en que la ciudadanía esta sufriendo las consecuencias de una aplicación estricta de las reglas del mercado y la competencia a todos los sectores de la actividad humana. Persisten todavía en la Comunidad de Madrid los dogmas de la superioridad de la gestión privada y la ideología de que el mercado todo lo soluciona del mejor modo posible. Esta situación es absurda en cuanto grandes ciudades como Paris, Toulouse o Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del recurso agua por razones de eficiencia y ahorro.
En definitiva ¿por qué decimos no a la privatización del Canal de Isabel II? A continuación, exponemos 10 razones contra la privatización de la empresa:
- Conllevaría un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento como consecuencia de la previsible reducción de la plantilla de trabajadores e incremento de la precariedad laboral con el fin de reducir costes, basándose en que ello no reduciría el consumo, dado que se trata de un servicio básico fundamental que se suministra en régimen de monopolio, no pudiendo el usuario optar por otra fuente de abastecimiento.
- El previsible deterioro de la calidad del agua de suministro que la privatización necesariamente conllevaría, produciría el desplazamiento de la población hacia el consumo de agua mineral embotellada, lo que incrementaría el gasto mensual por familia, y por tanto va en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
- Supondría que las arcas públicas dejaran de recibir los beneficios económicos que esta empresa actualmente genera, que irían a parar a los futuros accionistas.
- Su condición de empresa privada le empujaría a intentar poner en valor amplias superficies de suelo de su propiedad que se encuentran en el centro de Madrid, para destinarlo a la construcción de viviendas y así incrementar sus beneficios, favoreciendo la especulación inmobiliaria.
- No están justificadas las necesidades financieras que, según la Comunidad de Madrid, hacen necesaria la privatización del Canal, sobre todo teniendo en cuenta los cuantiosos desembolsos que ha realizado recientemente, como los 900 millones de euros abonados al Ayuntamiento de Madrid por la gestión del saneamiento o los más de 100 millones empleados en la construcción del Teatro del Canal.
- Prácticamente desaparecerían las inversiones en reducir las pérdidas en las redes de distribución, pues en la mayoría de los casos no resultan económicamente rentables, y se descartarían definitivamente las inversiones de carácter puramente medioambiental que el Canal de Isabel II ha llevado a cabo algunos años.
- Las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua que lleva a cabo el Canal de Isabel II y que tan importantes son desde el punto de vista medioambiental, serían incompatibles con la condición de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos. Ello dispararía el consumo, con el elevado impacto medioambiental y social que ello conlleva.
- El Gobierno Regional asocia la privatización del Canal de Isabel II a la construcción de dos grandes embalses en la Comunidad de Madrid. Rechazamos la construcción de estos embalses por el gran impacto ambiental que producirían, y porque son totalmente innecesarios, pues con las infraestructuras actualmente existentes se garantiza plenamente el abastecimiento de la población de la Comunidad de Madrid, incluso con el incremento previsto para las próximas décadas.
- La privatización del Canal de Isabel II también se asocia por parte del Gobierno Regional al hecho de que gestione todo el ciclo del agua. Ello choca con lo previsto tanto en la legislación estatal como en la comunitaria, pues la gestión del agua en las cuencas compartidas le corresponde al Estado, y no a la Comunidad de Madrid, y menos aún a una empresa privada. Sólo una gestión unitaria y conjunta de cada cuenca hidrográfica puede garantizar una correcta gestión del recurso hídrico, así como el derecho de todos los ciudadanos a un adecuado abastecimiento de agua potable, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.
- La gestión de un servicio público tan esencial como el agua, no puede quedar sujeta a los vaivenes del mercado que crisis financieras como la actual podrían ocasionar. La quiebra de una empresa privada dueña del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro adecuado de agua potable para la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, las organizaciones abajo firmantes rechazamos por completo la privatización del Canal de Isabel II por parte de la Comunidad de Madrid, por producir una pérdida importante de la calidad de vida de los madrileños, a la vez que graves daños sobre nuestro medio ambiente. Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público, como lo ha sido desde que se creó hace ya más de 150 años.
Ecologistas en Acción
Attac
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos
WWF/Adena
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